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Michoacán y la Reforma Educativa
18:20:49 / 13/12/2012
Autor: Dr. Horacio Avilés Martínez
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Michoacán y la Reforma Educativa


En este arranque de sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto invierte su capital político en implementar una política de Estado que recupera algunas exigencias de la sociedad civil nacional para realizar una reforma educativa que se percibe sumamente positiva para los niños y jóvenes mexicanos. Para que se logre a cabalidad, como ciudadanos debemos sumar nuestro acompañamiento, contraloría y corresponsabilidad social.

La reforma educativa, además de ser anunciada entre sus compromisos de campaña, su discurso inaugural, de estar mencionada entre los cinco ejes de gobierno, de estar presente en las trece acciones inmediatas y en diez de las 95 acciones del “Pacto por México”, su basamento más fuerte se encuentra presente en la iniciativa de decreto que reforma y adiciona a los artículos 3° y 73° constitucionales, que ha sido enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis y si procede, aprobación.

La reforma educativa esencialmente modifica los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Impresiona el hecho de que dos terceras partes del documento enviado se dediquen a justificar y contextualizar la reforma, lo cual es indicativo, entre muchas otras lecturas, de lo sensitivo del tema.

En la iniciativa destacan frases categóricas y de avanzada como las siguientes:

I. “El Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación”.

II. “El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión (…) se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”.

III. “Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”.

IV. “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura (…), respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico”.

V. “El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.

VI. “El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación prescolar, primaria, secundaria y media superior”.

VII. En las atribuciones del Ejecutivo Federal, “dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad”.

VIII. “El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación (…) en un plazo de seis meses”.

IX. “La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. “Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que (…) a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”.

X. “El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente”.

XI. “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura (…) y propiciar condiciones de participación”.

XII. “Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo”.

XIII. “Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”.
Ante tales evidencias, estamos en un momento coyuntural para el desarrollo educativo michoacano. Aunque la reforma es aún insuficiente para lograr resolver nuestras ingentes necesidades, representa un avance sustancial que abre el debate para tropicalizar estas medidas localmente. En particular, es el gran momento para lograr el consenso para adecuar la Ley Estatal de Educación por encima de intereses mezquinos, económicos, gremiales, políticos, reaccionarios ó de sus brazos armados. Es imperante que se logre la realización de foros y mesas de trabajo para que en el imperio de la razón y del bien de los niños y jóvenes michoacanos se logre la transformación educativa como una política pública participativa. En todo momento exijamos una educación de calidad para lograr el cambio social que tanto requiere Michoacán.

Comentarios: eaviles@mexicanosprimero.org y Twitter: @Erik_Aviles


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